El caso de Gabriela Escamilla ha conmocionado a todo México, pues el 9 de diciembre fue detenida y apresada bajo la Ley Olimpia por mostrar a las autoridades de Jalisco una fotografía como prueba del abuso sexual que sufrió su sobrina de seis años. Familiares y amigos exigen justicia para ella y para la menor, pues el principal agresor aún se encuentra prófugo.
Grupos feministas ya se suman al caso, acusando de violencia machista y sistemática a las autoridades de los juzgados en Jalisco, quienes usaron la ley en contra de los familiares de la víctima, dejando de lado el daño causado a la menor.
De acuerdo con sus abogados, Gabriela cuidaba a su sobrina y notó que algo andaba mal, por lo que tomó una fotografía para denunciar el posible abuso sexual contra la menor.
Al estar cuidando a su sobrina, porque recurrentemente convivía mucho con ella, y al irla a cambiar, se da cuenta de que la niña presenta una presunción de daño en su partes íntimas, le pregunta a la niña y ella le manifiesta que al parecer la toca el padre y entonces la señora decide documentarlo tomándole una fotografía para efectos de proceder e indagar qué es lo que está sucediendo.
– Érika Córdova Catalán, abogada de Gabriela
La joven tardó un tiempo en presentar la denuncia porque se estaba asesorando y cuando finalmente lo hizo ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE), el caso dio un giro de 180 grados.
La FGE archivó la investigación y no investigó al presunto agresor, quien seguía con la custodia de la menor, pero Gabriela insistió para que el caso de su sobrina fuera reabierto, causando una aparente molestia para el Ministerio Público, que, bajo presunta represalia, ordenó que fuera detenida por haber fotografiado y almacenado la fotografía íntima de la menor.
El caso no es que la señora vaya tomando fotografías a las partes íntimas de los niños, sino que lo hizo a su sobrina en un contexto donde consideró prudente para poder denunciar y tener los elementos y decir ‘Miren, aquí está pasando esto’ y ese contexto no se tomó en cuenta.
– Érika Córdova Catalán, abogada de Gabriela
El caso se viralizó en redes sociales, llegando hasta Olimpia Coral (impulsora de la Ley Olimpia), quien ofreció su apoyo incondicional para que la ley no fuera usada en su contra.
El pasado 14 de diciembre, Gabriela se presentó a una audiencia que duró más de nueve horas, tiempo en que el juez de Control del Tribunal Superior de Jalisco, Felipe de Jesús Rivera, determinó no vincularla a proceso, pues la Fiscalía no pudo acreditar que el almacenamiento de la imagen tuviera otro fin que el de denunciar el abuso sexual cometido contra la menor.
Además, la Fiscalía no realizó una investigación con perspectiva de género para determinar si Gabriela también era víctima de violencia ni se realizó la investigación pertinente respecto a la violencia que sufrió la menor.
Claudia Angélica Rangel, activista de la organización civil Cuepaliztli A.C, lamentó que la Ley Olimpia haya sido utilizada contra Gabriela, pues su caso da pie a que las víctimas teman a denunciar a sus agresores.
Es empezar a sembrar la comisión del miedo y del temor para que las mujeres no se acerquen a denunciar. La ley Olimpia es muy clara, no se puede revertir a la persona que haya aportado las pruebas porque fue la petición de una autoridad correspondiente en la materia.
Afortunadamente, Gabriela ha recobrado su libertad y el caso de la menor ya fue turnado a las autoridades correspondientes para su investigación.
