Desafortunadamente, en México, los feminicidios son el pan de cada día, por eso la lucha por la justicia para todas las víctimas sigue en pie y parece estar más fuerte que nunca. Recientemente se dio a conocer lo que podría ser un gran avance o lo que se puede ver como el primer gran paso en esta batalla.
El pasado 23 de marzo, con un total de 470 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Ingrid, reforma que impone de 4 a 10 años de prisión y multas de 100 a 150 días valor UMA a todo aquel, ya sea servidor público o ciudadano en general, que difunda imágenes, videos o cualquier tipo de información relacionada con un procedimiento penal.
Las sanciones serán mayores en un 33 por ciento en el caso de que la información que se comparta involucre a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
Esta reforma fue impulsada por la sociedad civil y lleva el nombre “Ingrid” por el feminicidio de Ingrid Escamilla, la chica que fue asesinada por quien fue su pareja en 2020. El caso y las fotografías del cuerpo fueron ampliamente difundidas en redes sociales durante el mes de febrero de 2020, por lo que se unieron esfuerzos para buscar evitar la “revictimización” de las personas, especialmente de las mujeres y sus familias.
El caso de Ingrid indignó tanto por el morbo y por promover la violencia en la sociedad que en octubre de 2021, las diputadas Laura Imelda Pérez de Morena y Ana María Balderas del PAN comenzaron a impulsar esta reforma.
Es indispensable marcar un antes y un después del caso de Ingrid Escamilla. Que se tipifiquen y castiguen esas conductas que tiene la intención de causar perjuicio, especialmente contra mujeres víctimas de feminicidio.
– Laura Imelda Pérez Segura
A pesar de que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, aún tiene que ser discutida y avalada por el Senado de la República. Sin embargo, es un gran avance para sancionar a todos aquellos que filtran información de las víctimas, que en su mayoría es una práctica recurrente entre policías y funcionarios públicos.
Aunque ya se aprobó una reforma en su nombre, a más de dos años del asesinato de Ingrid Escamilla, el caso aún no llega a la etapa de juicio contra su asesino, ya que las audiencias se han retrasado por la pandemia.
Sin embargo, en su momento se descubrió que seis agentes de la Fiscalía Local fueron los encargados de filtrar las imágenes del cuerpo, por lo que se procesó a uno de ellos por ser de los primeros en llegar a la escena del crimen, así que fue retirado de su cargo y acusado por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, infracción que es penada hasta por tres años de cárcel.
Solo nos queda esperar que la reforma quede avalada lo más pronto posible, con el fin de evitar que existan más historias como la de Ingrid, que fue exhibida de una manera lamentable y trágica.
