¡¿Como si no fuera suficiente?! El Congreso de Guatemala acaba de aprobar una ley que vulnera y pisotea los derechos humanos de la sociedad guatemalteca, pues los legisladores han aumentado las penas de prisión para las mujeres que abortan, contrarrestando una tendencia reciente en América Latina de la legalización del aborto.
A medida que algunos de los países más grandes de América Latina, como México, Argentina y Colombia, han ampliado el acceso al aborto en los últimos dos años, por lo visto aún quedan países donde las tendencias religiosas conservadoras continúan dominando.
La criminalización del aborto será aún más severa
El pasado martes por la noche, Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Guatemala aprobó una ley en la que las guatemaltecas condenadas por interrumpir sus embarazos ahora podrán enfrentar penas de hasta diez años, que antes eran de un máximo de tres.
El Congreso también impuso penas aún más severas para los médicos y otras personas que ayuden a las mujeres a interrumpir los embarazos. Los abortos son considerados legales únicamente si la vida de la madre está en riesgo.
Si bien la ley, que fue aprobada con 101 votos a favor y ocho en contra, deberá ser ratificada por el presidente Alejandro Giammattei para que pueda entrar en vigor, pero el panorama no es nada bueno, pues los legisladores miembros de su partido votaron a favor.
Los legisladores justificaron su respaldo al manifestar que la ley es necesaria, pues “los grupos minoritarios de la sociedad proponían formas de pensar y prácticas que son incongruentes con la moralidad cristiana”.
Sin embargo, quienes se opusieron a la nueva legislación la consideran una grave violación a los derechos humanos, especialmente de las mujeres que habitan en zonas rurales en las que se carece de infraestructura de salud.
Un retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos
Jordan Rodas, fiscal de derechos humanos en Guatemala, declaró que la ley representa un retroceso en el país al limitar los derechos de las mujeres en un momento en que el mundo los estaba expandiendo.
Cabe destacar que Colombia amplió el acceso al aborto el mes pasado cuando la Corte Constitucional votó a favor de legalizar el procedimiento hasta la semana 24 de embarazo. Antes de la sentencia, Colombia permitía los abortos solo cuando la vida de la mujer estaba en peligro, el feto tenía malformaciones o el embarazo era producto de una violación.
En septiembre, la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que el aborto no era un delito y que era inconstitucional castigar el aborto. Además, en enero del año pasado entró en vigor en Argentina una ley que permite el aborto electivo hasta la semana 14 de embarazo y más allá en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer.
Vulnera y da un revés a los derechos de la comunidad LGBT
Por si fuera poco, la legislación de Guatemala también prohíbe explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, que ya era legal. Igualmente, queda prohibido que las escuelas enseñen cualquier cosa que pueda “desviar la identidad de un niño según su género de nacimiento”.
Cristian González, investigador del programa de derechos LGBT de Human Rights Watch, declaró que la aprobación de la legislación es peligrosa, además de que representa una amenaza a los derechos de las mujeres y personas de la comunidad LGBT+ en el país.
No solo la sociedad guatemalteca, sino ciudadanos de todo el mundo se han pronunciado en contra de la nueva legislación que representa un abuso a los derechos humanos al estigmatizar a las personas, fomentando la discriminación y la criminalización injusta a las mujeres. Y tú, ¿qué opinas?
